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El Gobierno de la provincia canadiense de British Columbia invocó las disposiciones de la Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act (CRA) al demandar judicialmente a un grupo de empresas tabacaleras –entre las que se encuentra Imperial– el reintegro de los gastos de los tratamientos médicos brindados a las personas que sufren enfermedades derivadas del consumo de tabaco. Al accionar, afirmó también que, aproximadamente en 1950, las tabacaleras ya sabían o debían haber sabido que los cigarrillos eran perjudiciales para la salud y que, pese a ello, no habían cumplido con su obligación de advertir adecuadamente al público los riesgos vinculados con el consumo de sus productos. Este es el Caso de Reintegro de los Gastos, uno de los dos que la Corte Suprema de Canadá resolvió en forma conjunta en la sentencia aquí referenciada.
Paralelamente, las personas que habían comprado cigarrillos light o suaves (mild) promovieron una acción de clase solo contra la tabacalera Imperial tendiente a que se la condenara a reembolsarles los gastos que habían realizado en cigarrillos y a pagarles daños punitivos. Alegaron que el contenido de alquitrán y de nicotina declarado en los paquetes de este tipo de cigarrillos no refleja las reales emisiones tóxicas que reciben los fumadores, y que el humo de estos cigarrillos resulta tan perjudicial como el de los comunes. Este es el caso Knight.
En ambos casos, las tabacaleras citaron como tercero al Gobierno de Canadá, alegando que, en el supuesto de ser condenadas a responder ante los demandantes, tenían derecho a que el Gobierno las indemnizara, dado que éste había hecho –culposa o negligentemente– declaraciones falsas, incorrectas o erróneas (negligent misrepresentations) y no había formulado las advertencias necesarias (failure to warn). Afirmaron también que el propio Gobierno de Canadá debía ser reputado “fabricante” en términos de la CRA o “proveedor” en términos de la Business Practices and Consumer Protection Act. Asimismo, sostuvieron que estaban legitimadas a que dicho Gobierno contribuyera proporcionalmente al pago de la indemnización como obligado solidario y a que se hiciera cargo de su obligación de indemnidad en términos de la Negligent Act. El Gobierno solicitó el rechazo de su citación como tercero, alegando que ésta resultaba manifiestamente infundada. En ambos casos, los jueces revocaron las citaciones.
La cámara de apelaciones provincial hizo parcialmente lugar a las apelaciones interpuestas por las tabacaleras. Por mayoría, en ambos casos, decidió que las denuncias de negligent misrepresentation fundadas en el supuesto deber de cuidado que Canadá tenía para con las tabacaleras y para con los consumidores, al igual que la demanda por negligent design debían ser materia de un juicio. Por unanimidad, desestimó el resto de las pretensiones de las tabacaleras.
Entonces, el Gobierno de Canadá interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Canadá.
SE DECIDIÓ: se hace lugar a los recursos interpuestos por el Gobierno de Canadá y se rechazan los articulados por las tabacaleras.
Supuesto deber de cuidado que el Gobierno de Canadá tiene para con los fumadores, invocado en el Caso de Reintegro de Gastos.
En el Caso de Reintegro de Gastos se deben rechazar las acciones de derecho privado promovidas contra el Gobierno de Canadá tendientes a obtener una sentencia que condene a Canadá a contribuir proporcionalmente como obligado solidario y a hacerse cargo de su supuesta obligación de indemnidad, fundada en el supuesto incumplimiento del deber de cuidado que tiene hacia los fumadores. Un tercero solo tiene un deber de contribuir en términos de la Negligent Act cuando es directamente responsable frente al demandante (en este caso, frente a la provincia de British Columbia). Aquí, el supuesto incumplimiento del Gobierno de Canadá de sus deberes para con los fumadores no incidiría en su eventual responsabilidad frente a British Columbia.
Demandas fundadas en declaraciones falsas, inexactas o erróneas realizadas con culpa o negligencia (negligent misrepresentation)
Estas demandas se vinculan con dos relaciones: una entre Canadá y los consumidores y otra entre Canadá y las tabacaleras. En el caso Knight, Imperial alega que Canadá negligentemente brindó información errónea a los consumidores sobre las características de los cigarrillos con bajo contenido de alquitrán que afectan la salud. Tanto en el caso Knight como en el Caso de Reintegro de Gastos, las tabacaleras alegan que Canadá hizo negligent misrepresentations.
Los hechos expuestos en la demanda no encuadran la relación del Gobierno de Canadá con los consumidores y con las tabacaleras dentro de las categorías de negligent misrepresentation. Por lo tanto, para determinar si las pretensiones de los accionantes tienen una posibilidad razonable de éxito, es necesario comprobar si están satisfechos los presupuestos de las acciones fundadas en la responsabilidad extracontractual. En primer lugar, corresponde establecer si los hechos demuestran la existencia de una relación de proximidad en la cual la falta de un cuidado razonable previsiblemente hubiera podido causar una pérdida o un daño a la parte actora. En una denuncia de negligent misrepresentation, estos dos presupuestos de la existencia de un deber prima facie de cuidado quedan satisfechos si las partes tenían una “relación especial”. Existe una relación especial: (1) cuando el demandado razonablemente debe prever que el demandante va a confiar en sus declaraciones; y (2) cuando esa confianza del demandante resulta razonable en las circunstancias del caso. Si se ha determinado la existencia de una relación de proximidad, surge un deber prima facie de cuidado y el análisis pasa a la segunda etapa, que tiene por objeto establecer si existen razones de política para no reconocer este deber prima facie de cuidado.
En el presente caso, de acuerdo con la relación de los hechos, Canadá no tenía un deber prima facie de cuidado para con los consumidores. La relación entre ambos se limitaba a que el Gobierno transmitiera al público que los cigarrillos con bajo contenido de alquitrán son menos riesgosos para la salud. No hubo interacciones específicas entre el Gobierno y los miembros de la clase. En consecuencia, la comprobación de la proximidad en dicha relación debe surgir de las leyes aplicables. Sin embargo, las leyes pertinentes solo establecen deberes generales para con el público, ninguno de los cuales fundado en el derecho privado, hacia los consumidores. Dada la falta de proximidad, esta pretensión del caso Knight debe declararse inválida ya en la primera etapa del análisis.
En lo que respecta a las tabacaleras, éstas relataron una historia de interacciones entre ellas y el Gobierno de Canadá que resulta idónea para establecer una relación especial de proximidad que podría dar lugar a un deber prima facie de cuidado. Alegaron que Canadá asumió el rol de asesor de ciertos fabricantes mantenía con éstos relaciones comerciales parcialmente basadas en el asesoramiento que sus funcionarios les brindaban, que iban mucho más allá de la formulación de declaraciones al público en general. Por otra parte, afirmaron que las atribuciones reglamentarias que Canadá tiene en relación a la actividad de los fabricantes, sumadas al asesoramiento específico que brinda y a su participación comercial conducen a la conclusión de que el Gobierno razonablemente debió haber previsto que las tabacaleras confiarían en sus declaraciones y de que dicha confianza era razonable en las circunstancias descriptas en las presentaciones de las partes.
Sin embargo, las supuestas negligent misrepresentations de Canadá no dieron lugar a su responsabilidad extracontractual dado que existen consideraciones políticas en contrario. Las alegadas declaraciones constituyen expresiones protegidas de política gubernamental. Las decisiones principales del Gobierno en materia política que están protegidas a nivel jurisdiccional son las relativas a un curso o principio de acción basado en consideraciones de política pública tales como factores económicos, sociales y políticos -en la medida en que no sean irracionales ni hayan sido adoptadas de mala fe. En el presente caso, las declaraciones formaban parte de una política del Gobierno, adoptada a máximo nivel jerárquico y desarrollada para proteger la salud de los canadienses y para reducir los costos individuales e institucionales derivados de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, al alentar a quienes fuman a empezar a consumir cigarrillos de bajo contenido de alquitrán.
Las demandas fundadas en la negligent misrepresentation también deben rechazarse porque si se acogieran expondrían a Canadá a una responsabilidad indeterminada. Reconocer en las declaraciones hechas por el Gobierno la existencia de un deber de cuidado a las empresas tabacaleras, en los hechos, equivaldría a reconocer un deber para con los consumidores. Si bien el quantum de la indemnización que Canadá debería pagar a las empresas en ambos casos dependería de la cantidad de fumadores y de cigarrillos vendidos, lo cierto es que el Gobierno no tenía ningún control de la cantidad de personas que fumaban cigarrillos suaves.
Demandas fundadas en la falta de advertencia
Las tabacaleras hacen dos imputaciones fundadas en la falta de advertencia: (1) que el Gobierno de Canadá les ordenó que no incluyeran en los atados de cigarrillos advertencias relativas a los perjuicios que éstos generan para la salud, y (2) que Canadá no les advirtió los peligros que generan las variedades de tabaco que diseñó y aprobó. Estas dos pretensiones deben rechazarse. La cuestión central de la primera es esencialmente la misma que la de la demanda fundada en la negligent misrepresentation y debe rechazarse por las mismas razones de política pública. Las recomendaciones del Ministro de Salud en relación a las etiquetas con advertencias fueron parte de la política del Gobierno tendiente a alentar a los fumadores a pasar a consumir cigarrillos de bajo contenido de alquitrán. En consecuencia, no pueden constituir la base de una demanda por falta de advertencia.
Lo mismo puede decirse de la segunda pretensión. Si bien la denuncia del acto ilícito de no advertir exige la acreditación de la existencia de un deber real hacia el demandante, nada en las citaciones como tercero sugiere que Canadá, en este caso, tuviera un deber de esa naturaleza. Una denuncia de negligencia no es suficiente por sí sola para generar un deber de advertencia. De todos modos, dicha demanda no puede prosperar por las razones de políticas públicas aplicables a aquella fundada en la negligent misrepresentation.
Demandas fundadas en el diseño negligente (negligent design)
Las tabacaleras promovieron dos tipos de demandas fundadas en un diseño negligente (negligent design) contra el Gobierno de Canadá. Por un lado, alegan que Canadá no cumplió con el deber de cuidado que tenía hacia ellas, cuando realizó un negligent design de las variedades de tabaco de bajo contenido de alquitrán. Por otro, en el caso Knight, Imperial afirmó que Canadá no cumplió con el deber de cuidado que tenía hacia los consumidores de cigarrillos light y suaves (mild). Las dos demandas fundadas en el negligent design se fundan en un deber prima facie de cuidado. En relación al diseño de las variedades de tabaco con bajo contenido de alquitrán por parte del Gobierno de Canadá, la supuesta proximidad con las tabacaleras no se basa en un deber establecido por la ley sino en las interacciones comerciales entre Canadá y las tabacaleras. También en el caso Knight es al menos cuestionable que Canadá estuviera cumpliendo una función comercial frente a los consumidores de cigarrillos light y mild cuando diseñó esas variedades de tabaco. Sin embargo, la decisión de desarrollar variedades de tabaco con bajo contenido de alquitrán fundada en la idea de que los cigarrillos resultantes serían menos perjudiciales para la salud constituye un curso o principio de acción basado en la política sanitaria de Canadá y en factores socioeconómicos. Como decisión central de una política de Gobierno no puede fundar una demanda por negligent design. En consecuencia, estas demandas se deben rechazar.
Responsabilidad como “fabricante” y “proveedor”
Se desestima la demanda tendiente a que se ordene a Canadá a contribuir proporcionalmente al pago de la indemnización como supuesto obligado solidario formulada por las tabacaleras en el Caso de Reintegro de Gastos, basada en la pretensión de que Canadá debería reputarse “fabricante” en términos de la CRA. Es evidente que conforme a esa ley, el Gobierno Federal no califica como un fabricante de tabaco. Cuando se interpreta la ley en contexto y se toman en cuenta todas sus disposiciones, es evidente que la legislatura de British Columbia no tuvo la intención de que el Gobierno respondiera como fabricante. Esto queda confirmado por el texto de dicha norma, por el objeto que tuvo la legislatura al adoptarla y por el más amplio contexto de la relación entre la provincia y el Gobierno Federal. Si declarásemos a Canadá responsable en términos de la CRA, frustraríamos el objetivo que tuvo la legislatura, a saber, de transferir de los contribuyentes a la industria tabacalera los gastos médicos causados por los perjuicios relacionados con el tabaco.
En forma similar, las tabacaleras no pueden buscar sustento en la recientemente adoptada Health Care Costs Recovery Act para interponer una demanda de contribución en términos de la CRA. Por último, el Gobierno de Canadá no está obligado a contribuir en términos de la Negligence Act ni en términos del common law, dado que no responde directamente frente a British Columbia.
Asimismo se rechaza la pretensión articulada por Imperial en el caso Knight en el sentido de que Canadá es un “proveedor” en términos de la Trade Practice Act y de la Business Practices and Consumer Protection Act, que la reemplazó. El objetivo que tuvo Canadá al desarrollar y fomentar el consumo de tabaco –tal como fue descripto en las citaciones como tercero– sugiere que no estaba ejerciendo una actividad comercial ni actuando en el marco de la actividad comercial de una persona, en el sentido en que estas frases se emplean en dichas leyes. Estas frases deben entenderse limitadas a las actividades realizadas con un objetivo comercial. En el presente caso, de los hechos alegados surge con evidencia que el Gobierno de Canadá no fomentó el consumo de cigarrillos de bajo contenido de alquitrán con un objetivo comercial sino sanitario. Por lo tanto, Canadá no es un proveedor ni es responsable en términos de dichas leyes.
Demandas fundadas en la indemnidad reconocida en el régimen del equity y en consideraciones procesales
Se rechazan las demandas de las tabacaleras tendientes a obtener equitable indemnity. La equitable indemnity es una doctrina muy limitada que solo se aplica en situaciones en que expresa o implícitamente se entiende que el principal va a indemnizar a su mandatario por actuar de acuerdo con las instrucciones recibidas. Cuando Canadá ordenó a la industria tabacalera de qué forma debía actuar, lo hizo en su rol de agente reglamentario del Gobierno, preocupado por la salud de los canadienses. En esas circunstancias, no es razonable inferir que implícitamente estaba prometiendo indemnizarla por actuar conforme a lo ordenado.
Finalmente, se rechazan las demandas tendientes al dictado de una sentencia declarativa. La capacidad de las tabacaleras de plantear su defensa no se verá perjudicada considerablemente si Canadá deja de participar en calidad de tercero.
Notas del instituto: “contribution” es la obligación que pesa sobre los otros obligados solidarios de indemnizar proporcionalmente al que ha debido pagar íntegramente la obligación solidaria; “Equity” es un sistema jurídico desarrollado en Inglaterra, paralelamente al derecho estricto, incorporando en general al régimen jurídico anglo-norteamericano.
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