Comisión Nacional de Acceso a Justicia

BUENOS AIRES

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MEDIACIÓN

   En la provincia de Buenos Aires, si bien hasta la reciente sanción de la ley 13.951, no había existido ley que regule la mediación ni otras formas alternativas de resolución de conflictos, no obstante, se habían presentado diversos intentos de sanción legal, cuya disyuntiva se centraba en la alternativa de que el rol de mediador recayera en un profesional del derecho solamente, o que puedan acceder a tal función egresados de diversas áreas. Este conformaba el eje del debate, toda vez que existían diversas propuestas al respecto. Así, la del Colegio de Abogados, que transitaba por un ámbito de actuación restringido a sus integrantes; y la que se encontraba elaborando la Subsecretaría de Justicia.

    A su vez, instituciones integrantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires han realizado trabajos cubriendo ambas posibilidades e incluso en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón funciona un centro de Negociación y Mediación y cuenta con una Escuela de Capacitación.


    La Constitución Provincial en su artículo 174 prevé el establecimiento para causas vecinales y de menor cuantía de un procedimiento predominantemente oral, que garantice inmediatez, informalidad, celeridad, accesibilidad y economía procesal, lo cual fue atendido por la ley 11.922, dando soporte normativo a experiencias de mediación penal, y dió lugar a la sanción de la ley 13.433 referida a la resolución alternativa de conflictos penales, que se instrumenta en el seno del Ministerio Público.

    En este estado se sanciona el 23 de diciembre de 2008 la citada ley 13.951 que establece el régimen de mediación como método alternativo de resolución de conflictos judiciales en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, declarándolo de interes público.


   Dicha ley -en proceso de reglamentación- establece dos tipos de mediación: la voluntaria; y la obligatoria. En el primer sistema puede intervenir como mediador cualquier egresado con título universitario de grado, con una antiguedad mínima de 3 años en el ejercicio profesional y debidamente matriculado. Debe además haber aprobado un Plan de Estudios de especialización. Los acuerdos alcanzados no son homologables, por ende, carecen de ejecutoriedad.

    En el segundo sistema de mediación obligatoria, el cual permite el intento de una anterior mediación voluntaria, se reclama su tránsito y agotamiento como requisito para iniciar el juicio propiamente dicho. Para ser mediador se exige título de abogado con tres años de ejercicio profesional, curso de capacitación y matrícula de mediador, creándose un Registro de mediadores. El acuerdo al cual se arribe es homologable y ejecutable ante el juez de la homologación. De no arribarse a él queda habilitada la vía judicial.

  

CASAS DE JUSTICIA


    A nivel oficial y dentro del Poder Judicial funcionan desde años atrás las denominadas Casas de Justicia, donde en colaboración con instituciones locales (municipios, iglesias, etc.) funcionarios del Ministerio Público, en particular de la Defensa, concurren habitualmente con la finalidad de propender el acceso a medios alternativos de solución de conflictos. Las Casas de Justicia se encuentran fuera de las cabeceras departamentales a fin de descentralizar las posibilidades de acceso, procurando una mayor inmediatez.

OFICINA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA


    A su vez, a través de la ley 12.061 se establece, a nivel de las Fiscalías de Cámara Departamentales, el área de asistencia a la víctima, que procura no sólo atender los reclamos de los litigantes relacionados con la misma, sino brindar información a los interesados.

Fuero de Familia:
    Dentro del procedimiento del fuero de familia existe la denominada etapa previa ante el Consejero de Familia, en la que se procura un avenimiento entre las partes; ya fuera total o parcial. Lo cual se repite ante el tribunal luego en la audiencia preliminar, destinada a un acercamiento entre las personas en conflicto y eventualmente se trata de acotar la prueba propuesta.

    En el Fuero Civil y Comercial el artículo 36 del ritual otorga atribuciones que transitan en igual sentido. Siendo herramienta válida para el juez protagonista y no mero espectador. Existen estudios y trabajos en marcha destinados a la instauración de la audiencia preliminar (tipo art. 360 del CPCC de Nación).

    Por último, instituciones como el Colegio de Abogados de San Isidro cuenta con un Tribunal Arbitral de acceso libre para el ciudadano interesado en resolver un conflicto. Ello como propuesta que procura descomprimir la carga litigiosa.

    En otro orden de cosas y por acuerdo 3.180 del 1ro. de diciembre de 2004, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires crea en su seno la Secretaría de Resolución de Conflictos, a fin de lograr la optimización de las relaciones laborales de los cuadros que conforman su estructura funcional (art. 161, inc. 4º y 164 de la Constitución Provincial y 32, incisos b, d, i y s de la ley 5827. Ello tendiente a agotar los esfuerzos para resolver los conflictos interpersonales que afecten o puedan afectar la funcionalidad del Poder Judicial desde su recurso humano.

OFICINA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Convenio de Cooperación suscripto entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires:

JUECES DE PAZ

    Un instituto que aplican en los Juzgados de Paz - y que puede ser considerado próximo o afín al de mediación- es el de conciliación.El articulo 36 inciso 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia establece dentro de las facultades ordenatorias e instructorias de los jueces y tribunales, sin requerimiento de parte la posibilidad de: "Disponer, en cualquier momento , la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación ....la mera proposición de formulas conciliatorias no importara prejuzgamiento".

RESTITUCION DE MENORES

Jueces integrantes de la Red Nacional de Jueces para la aplicación del convenio de la Haya en materia de restitución internacional de Menores

  • Dra. María Julia Abad (Jueza del Tribunal de Familia Nº 2 de San Isidro)
  • Dolores Loyarte (Jueza del Tribunal Colegiado de Familia N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata)

Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción internacional de Menores (en adelante CH 1980):

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